El sector público institucional español continúa sin aprobar en materia de transparencia: el índice medio de cumplimiento de las obligaciones legales se sitúa en el 47,1%, según ha revelado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tras evaluar los portales de 153 entidades públicas. Trece años después de la aprobación de la Ley de Transparencia de 2013, organismos autónomos, entidades empresariales y sociedades mercantiles estatales no publican en sus webs la información que establece la norma, según informa Expansión.
El análisis verifica si estas entidades difunden datos como la normativa que las rige, sus presupuestos, contratos suscritos, identidad de sus máximos responsables, su formación, experiencia y retribuciones. La carencia más notoria radica en la falta de referencias que permitan a los usuarios conocer el grado de actualización de la información publicada.
Solo el 28,4% de las recomendaciones aplicadas
El Consejo revisó el grado de aplicación de 2.916 recomendaciones realizadas a estas entidades en 2025. De ellas, únicamente se aplicaron 830, lo que representa el 28,4% del total. Esta cifra refleja que la mayoría de organismos ignora las sugerencias del órgano supervisor, pese a tratarse de obligaciones vinculantes vigentes desde 2014.
El índice de cumplimiento más elevado —82,5%— corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como a las mutuas de accidentes de trabajo. El resto de organismos mejora en menor medida: las sociedades mercantiles alcanzan el 38,04% y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia apenas el 20,39%.
BOE y Palencia Alta Velocidad, únicos con el 100%
Solo dos entidades han aplicado todas las recomendaciones y logran el 100% de cumplimiento: el Boletín Oficial del Estado (BOE) y Palencia Alta Velocidad, que ya obtuvo la máxima puntuación en 2025. Les siguen con el 99% las mutuas MAZ y Mutualia, Murcia Alta Velocidad y Zaragoza Alta Velocidad 2002. Por encima del 90% se sitúan la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), el Centro Universitario de la Defensa de la Escuela Naval Militar de Marín y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
En el extremo opuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social aparece entre las más incumplidoras con un 11,8% de cumplimiento. La Real Fábrica de Tapices alcanza el 7,8%, la Obra Pía de los Santos Lugares el 4,1% y el Consorcio del Museo Militar de Menorca cierra la tabla con un incumplimiento del 97%.
Entidades con cumplimiento intermedio
ADIF-Alta Velocidad, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSE), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) superan ligeramente el 50%. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) se sitúa exactamente en el 50%.
Entre el 40 y el 50% aparecen el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social, la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Instituto de la Juventud (INJUVE) y la Fundación Víctimas del Terrorismo. Con porcentajes del 30 al 40% figuran el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), el Consorcio de la Zona Especial Canaria y las Autoridades Portuarias de Ceuta y Cádiz.
El Consejo exhorta al cumplimiento inmediato
El Consejo de Transparencia califica la mejora observada como «reseñable pero no suficiente» y recuerda a los responsables de las entidades públicas que se trata de obligaciones legales de carácter vinculante vigentes desde hace más de una década. El organismo exhorta a cumplir sin dilación y proporciona recomendaciones específicas para facilitar la tarea.
El Consejo insta a publicar información íntegra, actualizada —especificando la fecha de los datos—, fácilmente localizable y en formato reutilizable en los portales oficiales. Pese a los incrementos registrados en algunas entidades de hasta 68,7 puntos porcentuales, «todavía hay una parte demasiado amplia de sujetos que siguen sin cumplir» con la ley aprobada en 2013.
