La reforma del subsidio especial de desempleo para mayores de 52 años aprobada en 2019 tendrá un impacto presupuestario acumulado de 17.935 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social, según cálculos del centro de estudios Fedea. La cifra incluye 9.456 millones en mayor gasto futuro en pensiones de jubilación y 8.479 millones en cuotas sociales no recaudadas.
El análisis, publicado por Fedea y recogido por Expansión, detalla que la medida impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2019 introdujo dos cambios clave: redujo de 55 a 52 años la edad mínima para acceder al subsidio y elevó la base de cotización que el SEPE abona a la Seguridad Social a favor de los beneficiarios del 100% al 125% del salario mínimo interprofesional (SMI).
Medio millón de beneficiarios en julio de 2026
El número de perceptores del subsidio se ha disparado un 75% desde la reforma. En julio de 2026, última cifra disponible, alcanzó las 466.077 personas, frente a los niveles previos a 2019. Los beneficiarios pueden cobrar hasta 480 euros al mes —el 80% del IPREM— desde los 52 hasta los 67 años, la edad legal de jubilación a partir de 2027, lo que supone un periodo potencial de quince años.
El modelo de Fedea proyecta un escenario conservador con 432.520 perceptores anuales entre 2019 y 2030, estimando una permanencia media de ocho años en el subsidio y combinando 17 años de cotización al salario medio nacional (32.923 euros anuales) con los años de percepción de la ayuda.
Aumento del 4,72% en la pensión inicial
La sobrecotización al 125% del SMI (20.383 euros anuales) en lugar del 100% (16.306 euros) eleva la base reguladora individual un 4,73%, pasando de 27.605 a 28.910 euros. Aplicando una tasa de reposición del 77,3% —equivalente a 25,8 años de cotización según el Ageing Report 2024—, la pensión inicial anual alcanza los 22.347 euros, 1.008 euros más por perceptor al año respecto al escenario base de 21.339 euros.
Proyectado a lo largo de una esperanza de vida tras la jubilación de 21,68 años, cada pensionista percibiría un total acumulado de 484.490 euros, frente a los 462.629 euros del escenario sin reforma, lo que representa 21.861 euros adicionales por persona. Extrapolado al colectivo completo, el desembolso total en pensiones bajo la reforma asciende a 209.552 millones, frente a 200.096 millones con la cotización al 100% del SMI.
Lucro cesante y coste acumulado
Además del mayor gasto futuro en pensiones, la Seguridad Social asume una pérdida de ingresos de 8.479,5 millones de euros por las cuotas sociales no recaudadas —calculadas al 28,8% sobre el salario mínimo—. Sumando ambas partidas, el impacto económico consolidado sobre el sistema público de previsión social alcanza los 17.935 millones de euros en valor presente.
Fedea advierte que la factura dependerá del tiempo efectivo que los beneficiarios permanezcan en el esquema. Por cada año adicional por encima de los ocho contemplados en el escenario base, el coste aumentaría en más de 1.900 millones anuales (848 millones en mayor gasto de pensiones y 1.060 millones en cuotas no ingresadas). Si la prestación se agotase durante doce años, el coste total rozaría los 22.900 millones.
A esta tensión presupuestaria se suma el desembolso directo del SEPE para el pago de la propia ayuda asistencial, que acumulará un gasto de 15.877 millones de euros entre 2019 y 2030, según los cálculos del centro de estudios.
