La CNMC se moviliza ante la reforma de Transportes sobre acceso a talleres de Renfe

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a contactar con Renfe en torno a los conflictos de acceso a talleres ferroviarios con Iryo y Ouigo, justo cuando el Ministerio de Transportes prepara una reforma que puede restringir la capacidad de actuación del regulador en este terreno, según ha adelantado El Confidencial.

El supervisor, presidido por Juan José Ganuza, intensifica su vigilancia mientras el equipo de Óscar Puente diseña una regulación específica sobre el uso de instalaciones de mantenimiento ferroviario. Hasta ahora, la CNMC disponía de amplias facultades de intervención en esta materia, considerada estratégica para la liberalización del sector.

El choque por los talleres de La Sagra

El epicentro del enfrentamiento está en las instalaciones de La Sagra (Toledo), donde Iryo reclama capacidad para realizar operaciones de mantenimiento pesado de sus trenes. Tras las dificultades para alcanzar un acuerdo con Renfe, el operador privado acudió a Competencia, que intervino cautelarmente para garantizarle el acceso. Renfe, sin embargo, llevó el conflicto a la Audiencia Nacional.

La operadora pública sostiene que sus instalaciones fueron dimensionadas para atender su propia flota y que ceder capacidad a un rival puede perjudicar sus servicios. Renfe ha cuantificado el impacto en unas pérdidas potenciales de alrededor de 60 millones de euros anuales y una posible reducción de 1,25 millones de plazas si debe reorganizar su capacidad de mantenimiento para atender las necesidades de Iryo.

Transportes cuestiona el criterio de Competencia

El Ministerio de Transportes confirmó en una respuesta parlamentaria que prepara una regulación sobre el acceso a talleres. En el mismo documento, cuestionó la resolución cautelar de la CNMC, al afirmar que respondía a «una determinada interpretación» de la normativa vigente.

El sector teme que la futura norma reduzca el margen de actuación de Competencia y otorgue mayor capacidad de decisión al Ministerio de Transportes —responsable último de Renfe— sobre una cuestión especialmente sensible para la operadora pública. El sector público español suspende en transparencia con un cumplimiento del 47,1%, según datos recientes.

Más allá de La Sagra: un precedente para la competencia

Los talleres son un activo esencial para cualquier compañía ferroviaria. Abrir las vías a nuevos operadores difícilmente puede traducirse en competencia efectiva si estos no disponen también de instalaciones donde mantener sus trenes. El criterio que termine imponiéndose puede convertirse en un precedente para futuras aperturas en otros corredores.

España registró 547 millones de viajeros ferroviarios en 2025. De ellos, 446 millones utilizaron Cercanías, 34,6 millones la Media Distancia convencional y otros 13,2 millones la Media Distancia de alta velocidad. En conjunto, Cercanías y Media Distancia sumaron alrededor de 494 millones de viajeros, frente a los 44,5 millones de la alta velocidad comercial, donde Renfe ya compite con Iryo y Ouigo.

Renfe conoce las consecuencias de competir

En la alta velocidad comercial, donde antes controlaba prácticamente el 100% del mercado, Renfe mantiene actualmente entre el 50% y el 67% de cuota en los corredores liberalizados. Al mismo tiempo, el número de viajeros ha alcanzado los 44,5 millones, prácticamente el doble que antes de la apertura.

El precedente más duro está en mercancías. Renfe Mercancías cerró 2025 con apenas el 35% del mercado, ocho puntos menos en un solo ejercicio y menos de la mitad del peso que mantenía en 2011. El antiguo monopolio controla ya aproximadamente uno de cada tres tráficos ferroviarios de mercancías.

La CNMC debe garantizar que el control de instalaciones esenciales no se convierta en una barrera de entrada, mientras Transportes tutela a Renfe y debe asegurar unos servicios públicos utilizados cada año por más de 500 millones de pasajeros. Los intereses han terminado chocando en una batalla que define quién tendrá capacidad para fijar las condiciones de acceso a unas instalaciones estratégicas para la competencia ferroviaria.


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