El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz, permitiendo que ambos reactores continúen operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030, según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado este viernes, informa Expansión.
La resolución pone fin a un proceso iniciado formalmente en octubre de 2025, cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la instalación extremeña, solicitaron de forma conjunta la prórroga. El cierre gradual estaba previsto inicialmente para el 1 de noviembre de 2027 (Unidad I) y el 31 de octubre de 2028 (Unidad II), conforme al protocolo acordado con Enresa.
Informe favorable del CSN con condiciones de seguridad
El Consejo de Seguridad Nuclear emitió el pasado 16 de julio un informe favorable a la renovación, certificando que la central cacereña reúne las condiciones técnicas necesarias para operar de forma segura durante el periodo ampliado. El aval técnico del organismo regulador está subordinado al cumplimiento estricto de límites y exigencias en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, recogidos ahora en la orden ministerial.
Tras el pronunciamiento del CSN, el expediente fue remitido al Gobierno, que disponía de un plazo para tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de la instalación.
Justificación energética y contexto internacional
El Ministerio fundamenta la decisión en el nuevo escenario energético internacional y la volatilidad del precio del gas derivada de la crisis en Oriente Medio. Según los cálculos incluidos en la resolución, mantener Almaraz en funcionamiento hasta 2030 tendría un efecto «acotado y poco significativo» sobre el despliegue de energías renovables y contribuiría a reducir la dependencia del gas natural.
La central nuclear de Almaraz, situada en la provincia de Cáceres, cuenta con dos unidades de agua a presión de tipo Westinghouse. Las tres compañías eléctricas propietarias mantienen participaciones equivalentes en la instalación, que representa una capacidad conjunta de aproximadamente 2.000 megavatios.
La prórroga hasta 2030 alarga la vida operativa de una infraestructura clave para el mix energético español en un momento de tensión geopolítica y encarecimiento de las materias primas fósiles. La decisión se alinea con la necesidad de estabilizar los precios de la electricidad mientras se acelera la transición hacia fuentes renovables.
