El sistema público de pensiones español se enfrenta a un desequilibrio actuarial creciente. Según el Instituto de Actuarios Españoles, en 2025 el nuevo pensionista medio recibe ya 1,62 euros de prestación por cada euro cotizado durante su vida laboral, lo que supone un 62% más de lo aportado. La situación, lejos de mejorar, se agravará en las próximas décadas, según Expansión.
Las proyecciones del Instituto indican que los trabajadores que accedan a la jubilación en 2045 —nacidos entre 1975 y 1982— tendrán un factor de equidad actuarial medio de 2,14, es decir, recibirán un 114% más de lo cotizado. Para la generación que se jubile en 2065, la cifra alcanzará el 2,20, lo que equivale a un 120% por encima de las aportaciones realizadas. En términos prácticos, los futuros pensionistas cobrarán más del doble de los recursos que ingresaron en la Seguridad Social.
Causas del desequilibrio actuarial
El principal motor detrás de este desfase es la desaceleración del crecimiento económico a largo plazo. Mientras que entre 1984 y 2024 el PIB español creció a un ritmo real medio del 2,24%, las estimaciones oficiales de la Comisión Europea en su Ageing Report 2024 reducen esta previsión futura a un 1,22%. Al emplearse el crecimiento económico como tasa para actualizar el esfuerzo contributivo pasado, un menor ritmo del PIB devalúa financieramente el valor acumulado de las cotizaciones.
A este factor macroeconómico se suman el progresivo aumento de la esperanza de vida —que pasará de 21,5 a 22,6 años a partir de los 65 años en 2045, alargando el tiempo de cobro de la pensión— y un perfil de bases de cotización que crece más en los últimos años de carrera, elevando la pensión inicial en mayor medida que el esfuerzo contributivo global.
Tal como apuntaba un análisis reciente sobre el subsidio para mayores de 52 años, las presiones sobre el sistema público de pensiones continúan aumentando desde múltiples flancos.
Fórmula de cálculo y tasas de sustitución
El hecho de que los pensionistas actuales reciban en promedio más de lo que aportaron responde al desajuste entre unas tasas de sustitución muy elevadas y los tipos de cotización vigentes. En España, el porcentaje del sueldo con el que un trabajador se jubila se sitúa entre los más altos de Europa, alcanzando con frecuencia el 100% de la base reguladora. Sin embargo, la fracción de la cotización destinada específicamente a financiar la jubilación ronda únicamente entre el 16,4% y el 16,8% del salario.
La Seguridad Social toma como referencia las últimas bases de cotización. En 2026 cohabitan dos alternativas: se toman los últimos 25 años cotizados (los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo a la jubilación) o se toman los últimos 25 años y 4 meses (304 meses), pero se descartan los 2 meses con las peores cotizaciones, sumando los 302 meses más favorables. Esta fórmula hace que la pensión resultante sea significativamente superior a la que se obtendría considerando toda la vida laboral.
Ausencia de medidas correctoras
A pesar de estas inercias, las últimas reformas de pensiones aprobadas en 2021 y 2023 han descartado por completo la introducción de medidas de ajuste para mejorar el equilibrio actuarial del sistema. Uno de los elementos más demandados por los expertos es la ampliación de los años cotizados contabilizados para el cálculo de la pensión a toda la vida laboral, de modo que se recogiera la media de todas las cotizaciones aportadas y no solo las de los últimos años.
Si bien las reformas legislativas han logrado mejorar la equidad interna al homogeneizar el trato entre distintas carreras laborales y penalizar ciertas jubilaciones anticipadas —esencialmente aquellas que se benefician al máximo de la posibilidad de adelantar el retiro, que es de hasta dos años antes de la edad legal con reducciones que llegan hasta el 21% de la prestación inicial—, estas medidas han resultado insuficientes para corregir la generosidad del sistema público.
El Instituto de Actuarios Españoles actualiza anualmente el denominado Factor de Equidad Actuarial, un indicador que mide la ratio entre el valor actual actuarial de todos los ingresos por pensión que una persona espera percibir durante su retiro y el valor actual actuarial de las cotizaciones realizadas durante su carrera profesional, actualizadas conforme a la evolución del PIB. En 2020, este indicador se situaba en 1,55; en 2025 ha subido a 1,62, evidenciando un empeoramiento del desequilibrio.
