PNV y PSE han alcanzado un acuerdo fiscal para las tres diputaciones forales vascas que introduce ventajas tributarias destinadas a retener empresas, captar talento y reforzar el vínculo de los empleados con sus compañías, según informa Expansión. El pacto, presentado tras meses de negociación, suaviza las propuestas originales de Bizkaia y deberá ser ratificado en Álava y Gipuzkoa, donde ambos partidos gobiernan en minoría y necesitarán el respaldo de EH Bildu, PP o Elkarrekin Podemos.
Cambios sobre la propuesta inicial de Bizkaia
El acuerdo elimina la deducción del 20% sobre primas de seguros médicos privados que había planteado la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, junto a la responsable foral de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz. También desaparece la deducción sobre cuotas de gimnasios y actividades deportivas, medidas que habían generado críticas desde el PSE.
Además, se reduce la exención fiscal sobre rendimientos de trabajadores foráneos: del 50% inicialmente propuesto (60% para menores de 30 años) se baja al 42%, y se limita a profesionales de sectores como I+D+i, tecnología, finanzas, transición energética o biosanitario que acrediten FP Superior o grado universitario.
Incentivos a la transmisión de empresas
Se mantiene la reducción del 30% en plusvalías derivadas de la transmisión de empresas y negocios autónomos, siempre que se garantice continuidad de actividad y empleo durante cinco años. Este beneficio se amplía hasta el 35% si la transmisión es a una micropyme y al 40% si el comprador es una mujer menor de 36 años. La base máxima de plusvalía sobre la que se aplica queda fijada en tres millones de euros.
Acciones y participaciones para empleados
El pacto contempla una exención fiscal de hasta 12.000 euros para empleados que reciban acciones o participaciones de sus empresas, a condición de mantenerlas durante al menos tres años. También se incluyen ventajas tributarias para quienes soliciten préstamos con el fin de convertirse en socios de cooperativas o adquirir participaciones sociales.
El acuerdo establece un marco común aplicable a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, aunque deja abierta la posibilidad de que cada territorio amplíe o complemente estas medidas. La aprobación definitiva dependerá de los anteproyectos normativos o de enmiendas durante la tramitación parlamentaria en las juntas generales de cada diputación.
