El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, ambos investigados judicialmente por el rescate público a la compañía en marzo de 2021, dimitieron este viernes de sus cargos tras admitir el pago de 530.000 euros vinculados a la ayuda estatal. Según informó Expansión, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) deberá ahora aprobar el nombramiento del accionista Hugo Castaño como sucesor, dado que la aerolínea permanece bajo supervisión desde que recibió un préstamo de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
Las renuncias se producen después de que ambos directivos reconocieran esta semana ante la Audiencia Nacional que Plus Ultra firmó un contrato para abonar el 1% del importe del rescate a la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez —conocido como ‘Julito’—, íntimo amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, también investigado en la causa por presunto tráfico de influencias. Según los escritos remitidos al tribunal, a los que tuvo acceso el medio, Martínez Sola y Roselli admitieron haber tenido «plena conciencia» de que Martínez Martínez y Zapatero «sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones», y asumieron el pago «de forma sobrevenida» con el objetivo de «salvar a la compañía».
Los dimitidos reconocieron que no tuvieron «constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate» por parte de la SEPI, pero aceptaron contratar con Martínez Martínez como «una medida desesperada», conscientes de que éste tenía relación con el expresidente Zapatero. La cuantía de 530.000 euros se tramitó a través de las sociedades Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe.
El caso forma parte de la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la concesión de ayudas públicas a la aerolínea en 2021, cuando el Gobierno decidió rescatar a Plus Ultra con fondos del FASEE en plena crisis del sector aéreo. La operación generó controversia desde el inicio, dada la limitada dimensión de la compañía y su situación financiera previa a la pandemia. La SEPI, que otorgó el préstamo participativo, mantiene ahora capacidad de veto sobre la composición del equipo directivo de la aerolínea mientras dure el periodo de supervisión.
Plus Ultra ha enfrentado múltiples dificultades operativas y financieras desde el rescate. En un sector castigado por la inflación y la recuperación irregular del tráfico internacional, las aerolíneas españolas han registrado niveles de reclamaciones elevados en 2026, aunque el caso de Plus Ultra es singular por la dimensión judicial que ha adquirido. La salida de sus dos principales responsables abre una nueva etapa en la aerolínea, pendiente aún de demostrar su viabilidad a medio plazo y de recuperar la totalidad de la ayuda pública recibida.
