El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado, Roberto Roselli, han dimitido de sus cargos mientras continúan siendo investigados por el préstamo de 53 millones de euros que la aerolínea recibió de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia. Las dimisiones se producen después de que ambos reconocieran por escrito ante la Audiencia Nacional que la compañía suscribió un contrato para pagar 530.000 euros —equivalentes al 1% del préstamo— por labores de «acompañamiento» en la tramitación del rescate público, según adelantó ABC y confirmaron fuentes cercanas a los accionistas a la agencia EFE.
El nuevo presidente ejecutivo, que agrupará las funciones de ambos cargos, será el accionista minoritario Hugo Castaño. Sin embargo, este nombramiento requiere el visto bueno de la SEPI, al tratarse de una empresa «supervisada» tras el préstamo recibido, precisaron las mismas fuentes.
Detención y reconocimiento de pagos irregulares
En diciembre de 2025, tras más de un año de investigación, Martínez Sola y Roselli fueron detenidos por agentes de la UDEF en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, aunque posteriormente quedaron en libertad. Las dimisiones se han materializado después de que ambos reconocieran en sendos escritos judiciales que Plus Ultra firmó un contrato con una empresa de Julio Martínez Martínez (pariente del presidente) por el que se comprometía a pagar «elevadas cantidades de dinero» a cambio de asistencia en la obtención del préstamo público.
Martínez Sola detalló que la aerolínea abonó el 1% del total obtenido —530.000 euros— a través de tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez: Análisis Relevante S.L. (249.000 euros), Voli Analítica S.L. (98.617,53 euros) e IOT Domotic Europe (110.799,47 euros). Además, reconoció pagos en especie por 46 vuelos en clase business no abonados por Martínez Martínez.
El rescate de Plus Ultra en pandemia
El préstamo de 53 millones de euros concedido por la SEPI a Plus Ultra en 2021 ha sido objeto de polémica desde su anuncio. La aerolínea, de tamaño modesto y con una única ruta regular entre Madrid y Caracas en aquel momento, recibió el apoyo público en plena crisis del sector aéreo derivada de la COVID-19. El contrato suscrito con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, vinculaba «directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI», según consta en el escrito del presidente dimisionario.
La investigación judicial continúa abierta en la Audiencia Nacional, mientras la empresa afronta ahora un relevo en su cúpula directiva en pleno proceso de supervisión por parte de la SEPI, que mantiene la vigilancia sobre el uso de los fondos públicos otorgados.
